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Error en la valoración de una incapacidad permanente por el tribunal médico de la Seguridad Social (INSS).

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, contra una sentencia del TSJ de Madrid, que condenaba al INSS y a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social a abonar 130.000 euros como consecuencia de la asistencia sanitaria recibida por un trabajador.

El origen de esta reclamación está en el accidente laboral que sufrió el recurrente, que fue reconocido por el INSS como lesiones permanentes no invalidantes indemnizables en cuantía de 1.081 euros. Sin embargo, esta resolución fue anulada por el Juzgado de lo Social 26 de Madrid, que declaró la incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo.
La sentencia fundamentó su decisión en la prueba practicada en la causa, tanto la documental como en el informe y la pericial. Tras su valoración, concluye que su patología debió ser diagnosticada atendiendo a las pruebas médicas (termografía), como los síntomas que relataba el paciente y que habían sido considerados hasta entonces una simulación. El fallo recoge que sí había daño antijurídico que no tenía la obligación de soportar el recurrente y, por tanto, ser indemnizado.

Así, el texto judicial señala que “sorprende la escasa valoración que se realiza de la clínica y de la teletermografía realizada en el informe médico de síntesis, cuando del informe de ambas puede realizarse un diagnostico adecuado”, que según el forense es “distrofia simpática refleja o síndrome doloroso regional complejo”. De manera que cuando la mutua y el INSS concluyeron que se trataba de lesiones permanente no invalidantes, y no detectaron la incapacidad permanente total, se produjo una “mala praxis médica en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad padecida”.

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